Interponen queja disciplinaria contra la destituida alcaldesa de Nuevo Colón y el gobernador Amaya

La ciudadana María Guerrero alega acción u omisión de deberes legales, extralimitación de funciones, abuso de poder y desacato a una sentencia judicial del Consejo de Estado en el que declara nula la elección de Alba Merly Marantá.

Boyacá

18 de noviembre

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El pasado 12 de noviembre, el Consejo de Estado emitió la sentencia por medio de la cual declara la nulidad de la elección de Alba Merly Marantá Contreras, como alcaldesa de Nuevo Colón, con el fin de que las autoridades convoquen a nuevas elecciones para esta dignidad.

En la notificación del fallo de la Sección Quinta del alto tribunal de lo contencioso administrativo también se determina la devolución del expediente al Tribunal Administrativo de Boyacá lo de su competencia.

De la misma manera, se advierte a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede ningún recurso.
Conforme a lo anterior, la ciudadana María Guerrero, interpuso ante la procuraduría General de la Nación, la Procuraduría Regional de Boyacá y la Procuraduría Provincial, una queja disciplinaria contra la destituida alcaldesa y el gobernador de Boyacá, alegando acción omisión de deberes legales, extralimitación de funciones, abuso de poder y desacato a una sentencia judicial del Consejo de Estado.

Como argumentos expone que, en el caso de exalcaldesa, ha seguido ejerciendo el cargo, como si nada, comprometiendo cuantiosas sumas de dinero del presupuesto municipal, tramitando acuerdos ante el Concejo Municipal y llevando a cabo otras acciones para congraciarse con ciudadanos que pueden participar en el próximo debate electoral, entre otros aspectos.

Entre tanto, la queja contra el gobernador Carlos Amaya tiene que ver la lentitud o negligencia en las acciones que debe adelantar su despacho para designar un alcalde (sa) encargado, mientras se llevan a cabo los comicios para elegir nuevo burgomaestre.

Mientras todo esto sucede, la comunidad de la localidad de la provincia de Márquez, espera que se ponga fin, de una vez por todas, a la trashumancia electoral, cumpla la sentencia del Consejo de Estado y desarrollen los mecanismos electorales establecidos para estos casos, sin ninguna dilación.