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Procuraduría establece nuevas obligaciones de alcaldías y gobernaciones para el bienestar animal

Medidas están orientadas a prevenir el maltrato y fortalecer la atención de los animales en los territorios.

Nación

14 de octubre

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La Procuraduría General de la Nación expidió la Directiva 012 de 2026, mediante la cual establece nuevas obligaciones para alcaldías y gobernaciones en materia de protección y bienestar animal, con medidas orientadas a prevenir el maltrato y fortalecer la atención de los animales en los territorios.

Entre las disposiciones se encuentra la realización de jornadas de esterilización y la implementación de la estrategia de Captura, Esterilización y Retorno (CER), como mecanismos para avanzar en el control poblacional de animales y promover acciones de protección.

La directiva también contempla que los municipios avancen en la creación de centros de bienestar animal, además de la conformación de fondos destinados a financiar programas y acciones de protección. Estas medidas buscan fortalecer la capacidad institucional de las administraciones locales frente a las situaciones relacionadas con el bienestar de los animales.

De acuerdo con las nuevas disposiciones, las alcaldías y gobernaciones deberán presentar, en un plazo máximo de 90 días, un plan de acción para establecer la manera en que implementarán las medidas contempladas en la Directiva 012 de 2026.

Otro de los componentes está relacionado con la capacitación de los inspectores de Policía, con el propósito de fortalecer su capacidad para atender situaciones relacionadas con el maltrato animal. También se plantean acciones educativas dirigidas a la ciudadanía para promover la protección y prevenir conductas que afecten a los animales.

La Procuraduría recordó que las autoridades territoriales tienen responsabilidades en materia de protección animal y deberán avanzar en el cumplimiento de las disposiciones establecidas. El eventual incumplimiento de estas obligaciones podría dar lugar a investigaciones disciplinarias, por lo que las administraciones deberán adoptar las medidas necesarias dentro de los plazos establecidos.

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