Voceros cívicos cuestionan estado de corredores viales y reclaman cumplimiento de obras en Boyacá

Las críticas se concentran en corredores como Norte y Gutiérrez, Duitama–Charalá, Ruta de la Libertad y Transversal de Boyacá, además de las vías del Valle de Tenza y Lengupá.

Boyacá

19 de octubre

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Voceros cívicos de Boyacá volvieron a llamar la atención sobre las condiciones de varios corredores estratégicos del departamento y cuestionaron el cumplimiento de compromisos anunciados para su mejoramiento. Entre las vías señaladas se encuentran los corredores Norte y Gutiérrez, Duitama–Charalá, Ruta de la Libertad y Transversal de Boyacá, además de diferentes carreteras del Valle de Tenza y la provincia de Lengupá.

Uno de los proyectos que continúa generando inquietudes es la vía Duitama–Charalá. De acuerdo con información oficial conocida en 2025, Invías tenía contratados estudios y diseños fase III para algunos tramos correspondientes a las vigencias 2026 y 2027, mientras que para un tramo de aproximadamente ocho kilómetros no se contaba con recursos nacionales asignados. Gobernación de Boyacá

En mayo de 2026, la Gobernación de Boyacá informó que avanzaban los estudios y diseños para intervenir ocho kilómetros de este corredor y que el presupuesto inicialmente contemplado, de $35.000 millones, tendría que aumentar hasta cerca de $40.000 millones. 956 FM Boyacá A su vez, en el tramo Duitama–Charalá–San Gil se han adelantado actuaciones ambientales necesarias para obras de drenaje y protección, dentro de un contrato suscrito por Invías con Mincivil. CAS Santander

La Transversal de Boyacá también permanece en el centro de las reclamaciones. En septiembre, alcaldes de municipios de Lengupá solicitaron a Invías atención para puntos críticos de la ruta 6009, entre ellos La Rusa, Quebrada Honda y Santa Rosita. El instituto anunció la elaboración de un cronograma de intervención y una visita al territorio para definir las obras previstas para lo que resta de 2026 y 2027. Boyacá 7 Días

El llamado de los voceros cívicos apunta a que las autoridades nacionales y departamentales precisen qué obras tienen recursos asegurados, cuáles se encuentran contratadas, cuáles permanecen en etapa de estudios y cuáles están pendientes de financiación.